Argumentos contra AMLO - 03 Las infinitas transas y el pretexto del "compló"
Roberto Palacios González - 07/03/2005 01:36:26 | Categoria: Anti-AMLO
Este es el tercer post con argumentos en contra de Andrés Manuel López Obrador. Para ver los demás de la serie haz click aquíA un año de los video escándalos
Por: Jorge Fernández Menéndez
Hace exactamente un año todos vimos el video de René Bejarano llevándose hasta las ligas del despacho del empresario Carlos Ahumada. Si la fuga, protegida, de Gustavo Ponce Meléndez, el secretario de Finanzas del GDF apenas dos días antes, luego de ser mostrado en otro video jugando en Las Vegas, con cuentas de cientos de miles de dólares, había sido un golpe durísimo para la administración de López Obrador, el ver a su principal operador político recibiendo dinero a manos llenas, hablando de favores a cambio de recursos, era demoledor (aunque el primero, políticamente era mucho más grave): en los hechos, en apenas tres días se ponía de manifiesto que los principales operadores político y financiero del Gobierno capitalino eran dos políticos corruptos, dos delincuentes. Y su jefe decía que no lo sabía.
López Obrador jamás, hasta el día de hoy, se ha deslindado de cualquiera de ellos. Al contrario, los ha tratado de proteger; no modificó su gabinete ni los equilibrios de fuerzas, incluso dejó en él a personajes que sabían perfectamente lo que estaba ocurriendo. Para contrarrestar el escándalo, inventó la teoría del complot, en la que fue incorporando a todo adversario, a todo crítico a su gestión. Y descubrió que podía tener éxito: que no importaba si violaba una y otra vez la ley; si desconocía al Poder Judicial, al Legislativo, al Ejecutivo; si desconocía amparos, si hostigaba judicialmente a sus adversarios y dejaba en paz a sus amigos aunque hubieran delinquido; si utilizaba los recursos públicos para su causa personal; si imponía a su partido dirigentes y candidatos o mandaba expulsar u hostigar a los que no le eran leales. La coartada del complot, ampliada luego con la solicitud de desafuero, le sirvió para todo: cualquier acusación en su contra es parte del complot y ello le ha servido, al mismo tiempo, para tener un argumento (el de la persecución política) que le evita hablar de lo que propone para el país. Su proyecto alternativo de Nación, es una falacia: no es un proyecto, sino una suma de enunciados absolutamente generales y tampoco es alternativo: no se aparta ni una coma de las grandes líneas económicas y políticas que tuvieron los gobiernos de José López Portillo y Luis Echeverría. Por eso, cada vez que puede, López Obrador insiste en que el crecimiento del país se detuvo en 1982, ignorando conscientemente que esa política económica, esa crisis, fue el origen de un derrumbe económico del que no nos hemos podido recuperar. Quizás porque en aquellos años, López Obrador era un feliz dirigente priísta que de tan convencido que estaba con su partido fue el autor del himno del PRI en Tabasco. Luego no le llegó la candidatura que quería y sus opiniones cambiaron. Pero esa es otra historia. Lo cierto es que el propio López Obrador describió el martes cómo la ruta a Los Pinos, según él, pasa por la ruta del desafuero: quiere el desafuero, quiere el amparo, quiere hacer campaña desde la cárcel, quiere inconformarse ante el IFE y el Trife y así, dijo el martes, llegar a Los Pinos. Ni una palabra de debate, de programas, de organización partidaria: nada de eso está en la ruta de Los Pinos, para asfaltarla el jefe de gobierno necesita mostrarse como víctima porque, además, eso lo vacuna contra las críticas a su gestión. Cada vez que se le dice que se equivoca o que sus funcionarios se corrompen o que no cumple con la ley, su respuesta es el “compló”, sus funcionarios y corifeos lo repiten y allí siguen todos sin rendir cuenta alguna. Claro, cuentan con la inestimable ayuda del Gobierno Federal, convertido en el principal amplificador de la estrategia del jefe de gobierno.
Lo interesante es que la teoría del complot se ha centrado en el desafuero, un tema menor y controvertible, para evitar entrar al fondo de los temas que realmente pudieran hacer daño a López Obrador. Por ejemplo: nadie en el Gobierno del DF nos ha podido explicar de dónde salieron los recursos que utilizaba el secretario de Finanzas, Gustavo Ponce Meléndez: una parte provenía de Carlos Ahumada, sea que éste fuera extorsionado como argumenta o estuviera sobornando al funcionario. Lo cierto es que el Gobierno capitalino no ha hecho pública auditoría alguna sobre el daño patrimonial ocasionado por Ponce Meléndez. Lo mismo ha sucedido con Bejarano: nadie sabe a dónde fueron los millones que recibió de Ahumada. La Procuraduría capitalina no se ha molestado en investigarlo. Tampoco se molestó en apelar la resolución que dejó en libertad a Carlos Imaz. Contra Carlos Ahumada, por el contrario ejerció todo el peso de la ley con el objetivo claro de evitar que salga de prisión.
Se podrá argumentar que si Ahumada cometió un ilícito debe ser sancionado y es verdad, pero el problema es que por las mismas acusaciones que se hacen contra Ahumada, el GDF no ha sancionado a nadie en estos años, ni mucho menos, ha levantado demandas penales. Por ejemplo, el Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación (FIMEVIC), una de las principales cajas chicas del Gobierno capitalino, cuyos números no pueden conocerse porque son considerados secreto de Estado, el 31 de diciembre del 2002 le pagó en forma electrónica a Servimet, 642 mil pesos por suministro de materiales, a través de la factura 611 pero no se sabe por qué razón. No hay documento del pago, ni de los materiales o servicios recibidos. Nadie ha sido procesado o perseguido por ello. El mismo FIMEVIC pagó poco más de 51 millones de pesos a la empresa amparada por el contrato OB/001/2002-FIMEVIC por el transplante de 287 árboles y otro millón quinientos mil pesos por el trasplante de mil 486 arbustos. Según la normatividad oficial, por esas cantidades se tendrían que haber trasplantado por los menos 86 mil árboles. No pasó nada. No hay acción penal o civil contra nadie. Ni siquiera se conoce la empresa beneficiaria.
En el fondo de seguridad pública del 2002, existen 26 millones de pesos sin respaldo o justificación. No pasó nada. Se aprobó un sobrepago de casi 20 millones de pesos para terminar antes del 31 de diciembre del 2002, la ampliación del penal de Santa Martha: las obras se pagaron puntualmente, pero en realidad el penal se terminó seis meses después de la fecha estipulada. No pasó nada. La Cuenta Pública del 2002 demostró que se sobrepagó en la reparación de plantas de aguas 34 millones 500 mil pesos. No pasó nada. Por el desazolve de la presa San Joaquín se pagó más de tres millones de pesos por “acarreo de material”, no existe soporte alguno de ese pago. Pero tampoco en este caso pasó nada: no hay responsable. Las construcciones realizadas por adjudicación directa aunque superen en mucho los montos autorizados por la propia legislación local son innumerables. Entre ellos destacan las distintas remodelaciones del Paseo de la Reforma, las construcciones del Distribuidor Vial y de los segundos pisos del periférico, obras que ni siquiera sabemos cuánto han costado y cómo se han financiado. También se adjudicaron directamente las escuelas de educación media en las delegaciones Miguel Hidalgo y Cuajimalpa (40 millones de pesos cada una), pero a la segunda se le entregaron 19 millones de pesos más porque se excedió en los costos y existen otros 5 millones de pesos adicionales que no están amparados por documentación alguna. Y tampoco pasó nada. Y estamos hablando de cientos de millones de pesos, varios miles si incluimos las grandes obras viales, que no sabemos en qué se han utilizado o cómo. Como no sabemos por qué la deuda pública del DF se ha triplicado en los últimos cuatro años.
Apenas el martes, el GDF anunció que durante los próximos diez años los gastos de publicidad e imagen del Gobierno capitalino son considerados secreto de Estado, información confidencial, lo mismo que los procedimientos de licitación pública, invitación restringida y adjudicación directa de las obras y servicios del GDF. Se declaró como información confidencial también la lista de proveedores del Gobierno capitalino y todos los contratos de publicidad vigente. Es más, el Gobierno capitalino calificó como información confidencial todo lo que no esté incluido en la página de Internet del propio gobierno. Incluso el propio mapa de riesgos de la ciudad de México es considerado secreto. O sea que dentro de diez años sabremos cómo se gastó AMLO los 216 millones de pesos que tiene para publicidad este año, o cuánto nos costaron los segundos pisos, a quién se le pagó y cómo. O si la obra realizada cumple con las especificaciones técnicas para prevenir los riesgos en la zona en que fue construida. Pero denunciar todo esto es parte del complot. No importa lo que se haya robado, malversado, escondido o escamoteado a la ciudadanía capitalina. Todo es parte del complot y entonces los amigos son y serán protegidos, aunque sean delincuentes, y los adversarios castigados con el mayor rigor, aunque sean inocentes. Esa es la principal secuela de los vídeo escándalos a un año de su irrupción en la vida política nacional.
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