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Hago este espacio para escribir de todo y de nada, sólo para sacar de mi cabeza las ideas de lo que se me vaya ocurriendo... y de paso practicar estilos de redacción, entre otras cosas... Espero lograrlo porque no se me da escribir sin objetivo "funcional

Las propuestas económicas 02 - Andrés López

Información enviada por IVÁN GAMA

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Y las CONCLUSIONES de los 3 análisis

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ANÁLISIS SOBRE LAS PROPUESTAS DE POLÍTICA ECONÓMICA DEL CANDIDATO A LA PRESIDENCIA ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.




Propuesta económica “Por el bien de todos”.

Esta propuesta consta de siete puntos principales, de los cuales se menciona igual que en la propuesta anterior aquellos subíndices relevantes e importantes:

    Desarrollo agropecuario, pesca y alimentación.- Se propone un desarrollo rural sustentable del sector agropecuario, forestal y pesquero en un sistema nacional de planeación democrática y desarrollo regional, ejecutando una política agropecuaria diferenciada para cada tipo de productor, señalando a aquel que ya es altamente competitivo, aquel con potencial para incrementar su competitividad y aquel que tienen escasa o nula competitividad y requiere todo el apoyo del Estado. Se debe excluir de inmediato la incorporación del maíz y frijol de la liberación comercial del TLCAN. Aumentar el gasto productivo y la inversión pública y vincular la ciencia y la tecnología a los sectores agropecuario, forestal y pesquero. Aumento en el crédito y cobertura de precios de garantía. Reimpulsar la infraestructura de marina mercante y de puertos para apoyar la pequeña y mediana industria pesquera y crear fuentes de trabajo.

    Medio Ambiente.- Aprovechamiento racional de los recursos naturales y la protección del medio ambiente. En particular un programa para el buen uso del agua. Reorientar el gasto público y la tributación para incentivar la modernización ecológica de las instituciones públicas y privadas con una visión integral de sus efectos ambientales, garantizando la adecuada conservación y restauración del patrimonio natural severamente dañado. Retorno del ferrocarril en el trasporte de viajeros y de mercancías entre otras medidas.

    Política energética.- Industrialización de los recursos energéticos del país. Integración de la industria energética nacional y consideración al sector energético como un todo, en especial hidroeléctricas incorporando en forma adecuada a los pueblos y comunidades involucrados. Modernizar el sector energético sin privatizar la industria eléctrica ni los hidrocarburos, agregándoles valor y generando empleos. Política energética integral. Dotar de autonomía administrativa y operativa a las empresas públicas de energía. Promover la diversificación de fuentes alternativas de energía. Modificar el régimen fiscal de las empresas públicas del sector energético con objeto de utilizar sus excedentes de explotación para financiar su propia expansión, su desarrollo tecnológico, el desarrollo industrial del país y, mediante un adecuado sistema de precios y tarifas, el bienestar de la población. Aumento a la inversión en explotación de PEMEX para restituir las reservas de hidrocarburos. Restringir el uso de gas para producir energía eléctrica sustituyéndolo con petrolíferos disponibles y baratos y evitar la instalación de nuevas plantas generadoras de ciclo combinado que operen con gas. Construir Plantas eléctricas adyacentes a las refinerías que operen con combustibles líquidos. Determinar los precios y tarifas en función de costos reales.

    Política hacendaria.- Recuperar los niveles de inversión pública directa y financiera en beneficio del desarrollo regional complementada con proyectos específicos de las organizaciones empresariales. Aumentar el gasto social para cumplir en coordinación con los gobiernos estatales con la educación obligatoria a nivel pre-primaria, primaria y secundaria, así como satisfacer la demanda de educación media y superior, cultura e investigación científica y desarrollo tecnológico en toda la República. Gravar más a quien más tiene; combatiendo la evasión, omisión y elusión fiscales y liberando a las finazas públicas de su excesiva dependencia de los ingresos petroleros. Especial énfasis debe recibir el impuesto sobre las personas físicas, pero también el impuesto sobre la renta de las empresas y el IVA por tratarse de un impuesto cuya administración debe ser complementaria. Son causantes y están obligados a presentar declaración anual todas las personas que perciban un ingreso proveniente de una actividad económica durante el ejercicio fiscal. Las personas que como tales ejercen una actividad económica por cuenta propia o como PYMES descontarán los gastos propios del negocio para ser gravados sobre su ingreso neto con la tarifa general progresiva del ISR de las personas físicas. En medida que aumente la recaudación y se corrijan la evasión y elusión se puede considerar eliminar eventualmente el impuesto sobre el activo que grava a los grandes contribuyentes quienes deben estar sujetos a una permanente consulta y vigilancia del fisco como se hace en los países industrializados. Utilizar la gran potencialidad recaudatoria del IVA (manteniendo exentos por razones de equidad social, alimentos y medicinas). Deben revisarse los impuestos patrimoniales en especial el impuesto predial cuya modernización y administración sobre bases técnicas permitirán aumentar los recursos en beneficio de los municipios. Reducir los excesivos sueldos y prestaciones que devenga la alta burocracia y reestructurar la administración pública sobre bases profesionales que aseguren el eficaz cumplimiento de los objetivos del servicio público tomando en cuenta su organización sindical y sus cuadros técnicos.

    Financiamiento del desarrollo.- Conformar un gabinete económico con los Secretarios de los ramos involucrados, la Junta de gobierno del Banco de México, un Consejo consultivo económico y social que agrupe a representantes de sector financiero privado, empresarial, laboral, así como la academia para aplicar políticas económicas que aceleren el desarrollo no inflacionario de la economía. Terminar con los compromisos presupuestarios que no provienen de inversiones públicas sino de la quiebra técnica del sector bancario y financiero y que absorben un parte sustantiva del PIB. Revisar todo el sector de intermediación financiera, ya que actualmente el sistema bancario financia a un alto precio el consumo y en menor medida a la vivienda, pero no da créditos a las empresas productivas. Crear la Comisión de Reforma Monetaria y Financiera que analice la Ley del Banco de México. Restablecer y fortalecer la función de la banca de desarrollo para garantizar créditos suficientes y accesibles a los productores.

    Empleo y Política Laboral.- Luchar por la vigencia de una política económica que de prioridad a la generación de empleo y el aumento de salarios reales vinculados a los incrementos de la productividad, un reparto justo del excedente económico mediante un esquema de protección y seguridad social que garantice los derechos a la salud, alimentación, educación, cultura, y capacitación para el trabajo y el empleo. Impulsar la paulatina formalización del sector informal creando mejores condiciones viables para el ingreso a la legalidad mediante adecuados esquemas fiscales y facilidades para el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de protección y seguridad social. Manejar el ahorro de las pensiones de los trabajadores depositados en las Afores con un criterio de desarrollo regional abaratando significativamente la intermediación de las sociedades financieras privadas, fortaleciendo la banca de desarrollo e incorporando a la representación de los trabajadores, futuros pensionados, en el manejo de sus ahorros corrientes. Los recursos depositados en las Afores pueden canalizarse debidamente protegidos hacia los sectores estratégicos de la economía.

    Corrupción y desarrollo.- Detener la cuantiosa sangría de recursos públicos provocada por la corrupción, para destinarlos al fomento de la actividad productiva y al desarrollo de infraestructura económica, a través de una reforma integral del marco jurídico e institucional y de sus leyes y reglamentos que afectan al ejercicio del presupuesto, procedimiento administrativo, obras públicas, entre otras.

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